Depuración del profesorado. Expediente de depuración de Salatiel Bernard
El profesorado del "Rodrigo Caro" también sufrió el proceso de "depuración" que muy pronto inició el bando sublevado. Este aspecto del proyecto ha sido ampliamente estudiado por un miembro del grupo de trabajo: José Montaño Ortega. En una de sus charlas, explicaba cómo en la circular de 7 de diciembre de 1936, desde el bando sublevado se establecieron los criterios para graduar las sanciones. Especialmente graves era la militancia en organizaciones del Frente Popular o sociedades secretas, al igual que las conductas relacionadas con el comportamiento y las actitudes religiosas y la orientación profesional disolvente. Establece una depuración “no solo punitiva, sino también preventiva” contra los “envenenadores del alma popular primeros y mayores responsables de todos los crímenes y destrucciones que sobrecogen al mundo y han sembrado de duelo la mayoría de los hogares españoles". En 1938 por primera vez se permite que los afectados puedan presentar recurso. Las depuraciones continuaron con gran fuerza durante los primeros años de la década de los cuarenta y se extiende hasta 1969, Año en que todavía pero se seguían realizando revisiones de expedientes, a pesar de que en ese año se habían declarado, treinta años después de finalizar la guerra, extintas las sanciones derivadas de la legislacíón de responsabilidades políticas.
El procedimiento depurador consitía en la separación del servicio de la totalidad del personal del magisterio, obligándole a solicitar el reingreso. El reingreso se solicitaba mediante una instancia y una declaración jurada, en la que se debía contestar a un interrogatorio sobre pasadas actitudes profesionales. Con ello, la comisión depuradora correspondiente abría el expediente y solicitaba los informes preceptivos: Guardia Civil, alcalde, párroco, presidente de la asociación de padres, o en su defecto alguien de solvencia moral- de la localidad donde ejerció el interesado su última escuela. Eran informes relativos a su conducta profesional y política pero también sobre sus ideas políticas y actitudes religiosas y morales del expedientado. La comisión también podía ampliar sus informes por otras vías y con otros informantes, e incluso pedir aclaraciones a los informantes preceptivos.
Siete profesores y profesoras del Instituto "Rodrigo Caro" fueron sancionados con la separación
definitiva del servicio: García Nieto, Salatiel Bernard, Milagros
Martínez, José Rodríguez Blanco, Asunción Salgueiro, Urquiano
Murga y Manuel Ruiz Aguado. Algunos de ellos no reingresaron en la
enseñanza hasta muchos años más tarde. También fueron
expedientados miembros del personal administrativo y subalterno. A continuación os dejamos el expediente de depuración de uno de ellos:
Os dejamos también el enlace: https://drive.google.com/file/d/11-ba_x39wwMTM9SImEvMd6gJE9VJQqcX/view?usp=sharing
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